Llamado a “intensificar protesta cívica” en Nicaragua

Por Gabriela Selser (dpa)

Estudiantes, sector privado y sociedad civil componen la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

HAVANA TIMES – Líderes de estudiantes, empresarios y sociedad civil que piden la renuncia del Gobierno de Nicaragua llamaron hoy a “intensificar la protesta cívica y pacífica”, tras los sucesos de violencia ocurridos el miércoles y que según la Policía dejaron 15 muertos y 218 heridos.

En un comunicado leído en rueda de prensa, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia responsabilizó al presidente Daniel Ortega por el ataque a una manifestación opositora en Managua, que calificó como “la peor masacre en tiempos de paz”.

“Hacemos un llamado a intensificar las distintas formas de protesta cívica y pacífica”, como luchar por autonomía universitaria, reforzar y organizar “plantones” y “tranques” (bloqueos de carreteras) y reforzar los centros de acopio de medicamentos, donaciones de sangre y alimentos, indicó el texto.

Se trata de “redoblar esfuerzos en todos los frentes de lucha” para lograr un cambio de Gobierno y “construir un país democrático por la vía pacífica”, dijeron los firmantes.

Según la Alianza, desde que iniciaron las protestas en abril pasado se han registrado “más de 100 muertos, más de mil heridos, miles de detenidos y cientos de torturados y desaparecidos”.

Advirtieron que, después de los acontecimientos de ayer, “el diálogo sólo será posible si se cumplen las condiciones planteadas por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN, mediadora en la negociación) y si se cuenta con garantes internacionales”.

En un pronunciamiento, la CEN condenó las acciones de “grupos armados afines al Gobierno contra la población civil” y advirtió que el diálogo nacional, que se suspendió el 18 de mayo por falta de consenso, “no se puede reanudar” en esas condiciones.

“Queremos dejar claro que no se puede reanudar la mesa del Diálogo Nacional mientras al pueblo de Nicaragua se le siga negando el derecho a manifestarse libremente y continúe siendo reprimido y asesinado”, indicó el texto de los obispos.

La crisis en Nicaragua inició en abril con una protesta de estudiantes por una reforma al Seguro Social, que afectaba a miles de trabajadores y jubilados, y se agudizó tras la violenta acción de la Policía y paramilitares contra civiles.

Según Amnistía Internacional, el conflicto dejó 83 muertos y 868 heridos del 18 de abril al 24 de mayo. El Gobierno sólo reconoce 39 fallecidos, incluyendo 15 muertos en los disturbios de ayer.

En rueda de prensa con medios oficiales, el subdirector de la Policía, Francisco Díaz, dijo que se reportan 218 heridos, entre ellos 36 agentes policiales “lesionados por armas de fuego”.

Díaz atribuyó la violencia a “grupos delincuenciales” y denunció ataques en Managua al Estadio nacional de béisbol, al edificio del Ministerio de Economía Familiar, a la oficialista Radio Ya y a la sede de la financiera Caruna, ligada al Gobierno.

Por su parte, el no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) informó que 16 personas murieron y 88 más fueron heridas ayer en Managua y en el interior.

Mientras, en un video en Twitter, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó “los asesinatos cometidos ayer por las fuerzas represivas y los grupos armados y nos solidarizamos con los familiares de las víctimas. Llamamos al Estado a detener la violencia de estos factores represivos”.

Opinó también que unas “elecciones libres” son “la única solución” para resolver la crisis en Nicaragua, la más grave en su historia reciente. Desde que comenzó el conflicto, esta es la apelación más fuerte hecha a Ortega por Almagro, a quien la oposición nicaragüense acusa de proteger.

Roberto Rivas. Foto: Óscar Navarrete /laprensa.com.ni

Poco después, el Gobierno oficializó la renuncia del presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, quien en diciembre pasado fue sancionado por Estados Unidos por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Desde entonces ha seguido recibiendo su salario sin tener que trabajar. Tampoco ha sido investigado ni acusado por las autoridades de Daniel Ortega.

En un comunicado conjunto divulgado en Managua, la Cancillería y la Organización de Estados Americanos (OEA) indicaron que la medida busca “continuar trabajando por el fortalecimiento de la institucionalidad” y la “armonía democrática en el país”.

No mencionaron si al renunciar Rivas recibió el beneplácito de la OEA y el gobierno de Ortega para quedar con sus cuentas e inmuebles millonarios repartido en varios países, según investigaciones periodísticas.  

En tanto, el Departamento de Estado norteamericano expresó su condena a “la respuesta violenta del Gobierno nicaragüense a las marchas pacíficas del Día de la Madre en Managua y otras ciudades” y a las “golpizas a periodistas y ataques contra la televisión local y estaciones de radio”.

La declaración de Washington se sumó a un pronunciamiento aprobado también hoy en el Parlamento Europeo, que “condenó la brutal represión e intimidación de manifestantes pacíficos en Nicaragua y pidió una reforma electoral que conduzca a elecciones justas y creíbles”.

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