Amnistía Internacional Condena “política represiva letal” en Nicaragua

 

HAVANA TIMES – Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que el Gobierno de Nicaragua cometió “crímenes de derecho internacional”, al “ejercer una política represiva letal” contra las protestas que comenzaron el 17 de abril, con evidencias de haber privado “intencionalmente de la vida a opositores políticos y manifestantes”, reportó dpa.

“Ante el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, manifestado mediante protestas de personas en diferentes partes del país, la respuesta del Gobierno ha sido básicamente ilegítima y plagada de serias violaciones de derechos humanos e, incluso, crímenes de derecho internacional”, indicó un informe divulgado este martes en Managua por AI.

La directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas, y la ex actriz y defensora de derechos humanos Bianca Jagger presentaron el documento en rueda de prensa.

La víspera, tras su llegada al país, ambas fueron testigos de violentos disturbios en la capital y condenaron “la represión de policías y turbas” contra estudiantes que dejaron al menos un muerto y más de cuarenta heridos, según señalaron.

“La estrategia elegida por las autoridades nicaragüenses que ha tenido como resultado un alarmante número de fallecidos y personas gravemente lesionadas tenía la finalidad de castigar las voces disidentes (.) y encubrir” las violaciones cometidas, añadió el texto.

La organización, que ha documentado casos de represión durante los tres mandatos consecutivos de Daniel Ortega desde su regreso al poder en 2007, desplegó una misión en cuatro ciudades de Nicaragua entre el 4 y el 13 de mayo, para investigar “denuncias de graves violaciones de derechos humanos”.

Después de unos días guardados en sus cuarteles, el gobierno sacó de nuevo a sus antimotines. Foto: EFE

La mayoría de los decesos registrados en los últimos 40 días fueron por heridas de arma de fuego, “a pesar de que el uso de este tipo de armas de forma letal por parte de la autoridad sólo debe estar autorizado en la situación más extrema de amenaza para la vida”, afirmó AI.

Según el informe, los fallecidos presentaban heridas “en zonas de alta letalidad” como cabeza, cuello y parte superior del tórax, “lo cual señalaría la intencionalidad letal de los disparos”, cuya trayectoria “sugiere la posibilidad de francotiradores o personas disparando desde una posición privilegiada”.

El organismo explicó que como parte de su estrategia, el Gobierno intenta “criminalizar las protestas” promoviendo un “discurso de negación de la realidad” en la propia voz de Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

Este discurso no sólo niega e ignora la realidad de violencia que está ocurriendo bajo el mando directo de Ortega y Murillo sino que además estigmatiza a los manifestantes como promotores de violencia al tildarlos de “violentos”, “criminales” o “vampiros reclamando sangre”, para justificar la represión, señaló la organización.

AI dijo que además de las fuerzas policiales, “las autoridades utilizaron grupos parapoliciales, conformados en gran medida por personas simpatizantes al Gobierno, con el ánimo de cometer ataques (en ocasiones armados), incitar a la violencia, multiplicar su efecto represor y operar al margen de la ley”.

La quema de la Radio oficialista el Nuevo Radio Ya el lunes 28 de mayo.

“Este tipo de estrategias permitió, al sembrar miedo en la población, dificultar la identificación de los atacantes y por tanto generar narrativas que evadieran la responsabilidad del Gobierno”, aseveró el informe.

Amenazas y presiones a familiares de las víctimas, irregularidades en la investigación de crímenes y ausencia de autopsias en muchos casos fueron considerados por AI como un impedimento para acceder a la verdad y llevar a los responsables ante la justicia.

En ese sentido, sugirió al Ministerio Público investigar los decesos de manifestantes de manera pronta e imparcial, incluyendo “no sólo a quienes cometieron los crímenes o los ordenaron, sino también a sus cómplices”.

Finalmente, AI recomendó al Estado de Nicaragua cumplir con 15 recomendaciones dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras su reciente visita al país, incluyendo el “cese de la represión” y la disolución de fuerzas paramilitares controladas por el Gobierno.

La CIDH contabiliza 79 muertos, 868 heridos y 438 detenidos del 18 de abril al 24 de mayo, si bien el Gobierno sólo registra 22 fallecidos.

La crisis comenzó con una protesta estudiantil contra una reforma al Seguro Social -luego derogada-, que afectaba a miles de trabajadores y jubilados, y se extendió a raíz de la violenta acción policial y de paramilitares contra manifestantes desarmados, en su mayoría jóvenes.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Conoce cómo se procesan los datos de tus comentarios.